domingo, 12 de junio de 2016

¿Con la minería?

Siempre me ha sorprendido la cantidad de “equilibrios” que hacen algunas personas, para intentar alcanzar la cuadratura del círculo, estar en misa y repicando, o poniendo velas a diestro y siniestro. Digo esto ante la negativa del PP, Podemos e IU, a firmar el Acuerdo por el Carbón, suscrito por los sindicatos y la patronal, en la Escuela de ingenieros de minas y energía de Madrid, así como por el PSOE, Foro Asturias, Comunidades Autónomas de diferente signo, casi cien Ayuntamientos, y Asociaciones.
Que no firme el PP causa poca sorpresa. Es más, no es garantía de nada, pues ya está incumpliendo el que firmó en noviembre del 2013 con la minería. Lo realmente sorprendente son siempre los apoyos “morales”, sin comprometerse hasta el último extremo con los supuestos “apoyados”.
Parece ser que el problema de que Podemos e IU no hayan firmado, reside en quienes son los otros firmantes. Sinceramente, esta actitud le lleva a uno a hacerse a sí mismo varias preguntas:
¿Qué es lo que importa? ¿Quién firma, si se firma, o que se firma?
A los mineros y mineras, ¿les importa que se firme, o si lo firma o no Foro Asturias?
¿Hay algún acuerdo que se firme en el conflicto capital-trabajo, que satisfaga plenamente a la clase trabajadora? De no existir, ¿hay que renunciar a los convenios colectivos?
Bien, pensemos que la insuficiencia de un acuerdo nos invita a no adherirnos a él. Acto seguido, o mejor, previamente, tendría que haberse tenido “en mente”, alguna alternativa al posible y maléfico acuerdo “infirmable”, por si aquello de que, una vez más, las correlaciones de fuerzas pudieran no sernos favorables.
El problema surge, cuando a partir de  no tener ninguna responsabilidad directa en la gestión del conflicto, se intenta justificar la adhesión o el rechazo desde la perspectiva de quien haya firmado o no vaya a firmar. Actitud que, en cualquier caso, lo que evidencia, es más acomplejamiento y subalternidad, que posición propia ante el conflicto, independientemente de que incluso pueda no apetecer hacerse fotos con algún firmante, dado que la “histórica” perspicacia de algunos dirigentes, le hace saber de antemano, que algún que otro firmante solo quieren engañar a todas y todos, por mucho que se lo puedan reclamar los de la parte siempre más débil del conflicto. Es decir, la clase trabajadora.
Traduciendo: Compañeras y compañeros mineros, que no os quepa la menor duda que estamos con vosotras y vosotros, pero firmar lo que habéis firmado vosotras y vosotros, no lo vamos a hacer.
A estas alturas, todo el mundo es consciente ya de los interminables “periplos” ideológicos por los que atraviesa Podemos. Lo significativo es la necesidad de justificar algunas actitudes como esta, con campañas publicitarias identitarias, de tono no muy alto eso sí, de lo que queda de IU.
Que Podemos no firme el Acuerdo de la Minería, tiene la misma solvencia política que el perfil socialdemócrata descubierto en Marx y Engels por Pablo Iglesias.
El problema para IU ya no es que firme o no ese Acuerdo. El problema es que empieza a importarle muy poco a la gente que lo haga o no. Y esto es así sencillamente, porque una organización que dejó de ser soberana le quita cualquier interés a sus opiniones.
Si acaso, solo les importará, con una gran amargura, a quienes creyeron que IU nunca les fallaría a los trabajadores y trabajadoras, porque era una organización de y para la mayoría social trabajadora, o para la clase obrera, como prefieran.

Gregorio Gordo | Ex coordinador de IUCM

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/mineria/20160610171739129202.html

jueves, 2 de junio de 2016

España se queda sin mineros: el fin de una leyenda

“(…) El número de concesiones mineras creció de forma vertiginosa. De pronto, como si de un nuevo e inmenso El Dorado se tratara, el subsuelo español pasó a ser objeto de una especulación febril en la que, en intrincada mezcolanza, confluyeron simples aventureros y auténticos hombres de empresa”. En estos términos se expresaba el historiador Jordi Nadal cuando se refería al decreto ley de 1868 que liberalizó la minería española, y que supuso un cambio trascendental en la historia económica de España.
Casi 150 años después, la minería está en vías de extinción. Apenas 3.300 trabajadores continúan cotizando en el régimen especial de la minería. Lejos, muy lejos, de los 18.524 mineros que estaban dados de alta al comenzar este siglo, y a años luz de los más de 100.000 mineros que había en España en los años cincuenta y sesenta, cuando la autarquía nacionalizópozos en ruinas para salvar explotaciones privadas y asegurarse el aprovisionamiento de materias primas fundamentales para un país aislado del exterior. Aún hoy, 67.170 mineros cobran una pensión de jubilación y muchos más están prejubilados a edades tempranas.
Mineros, una profesión abocada a la desaparición
8.766
0
5.000
10.000
15.000
18.254
2000
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’12
2014
8.766r

Pero ahora las cuencas mineras se mueren. Agonizan. Vastos territorios han quedado a merced de la intemperie y del abandono, y comarcas enteras proyectan hacia su entorno una visión fantasmagórica. El Dorado es hoy un desierto de vetas negras. Y todo indica que el futuro va a ser peor. “Las cuencas mineras acabarán siendo un gueto sin un puñetero empleo”, asegura Víctor Fernández, responsable de minería de UGT. ¿Quién va a poner un negocio en un territorio devastado?, se pregunta, “con poca población y envejecida”.
Y es que la suerte está echada. La Comisión Europea acaba de aprobar la concesión de 2.130 millones de euros para el sector. Pero con una obligación: el cierre 'ordenado' de 26 minas de carbón no competitivas a cambio de aliviar el impacto social y medioambiental ocasionado por la clausura de esas minas. “Hemos perdido la batalla del carbón”, sostieneJosé Luis Villores, responsable de industrias extractivas de CCOO. Su colega de UGT es también muy directo: “El Gobierno ha tirado la toalla” incumpliendo todos los acuerdos firmados.
El plazo de Bruselas es taxativo y no admite discusión. Las minas deben estar cerradas en 2018. El dinero se destinará a los trabajadores que hayan perdido o vayan a perder su empleo debido a los cierres, mediante la financiación de las indemnizaciones por despido y de las prestaciones de Seguridad Social. Solo podrán seguir abiertas las que sean rentables en 2019, y si alguna explotación quiere seguir operando, tendrá que devolver las subvenciones.
Las ayudas pueden cubrir las pérdidas operativas dentro de ciertos límites, y deben basarse en un plan de cierre. La decisión del consejo exige que las minas que reciban subvenciones hayan sido desmanteladas dentro de dos años y medio a más tardar. La Comisión esgrime razones medioambientales para justificar la guillotina al carbón nacional en favor de energías renovables, que tienen prioridad en el 'pool' de generación.

Carbón y derechos laborales

Villores reconoce que “el carbón español es caro”, pero, al mismo tiempo, recuerda que ningún país avanzado puede competir -salvo que haya ayudas nacionales suficientemente importantes- con países como Indonesia, Colombia o Rusia, donde no se respetan los derechos laborales que hoy se exigirían en cualquier explotación europea. El resultado es que de las 20 millones de toneladas de carbón consumidas, 15 millones proceden de importaciones, apenas tres millones vienen de las cuencas nacionales y los dos millones restantes provienen de 'stocks' de difícil salida.
Es curioso que el carbón siempre -o casi siempre- ha traído de cabeza al país. Algunos historiadores como Vicens VivesSánchez Albornoz o el propio Nadal sostienen que la liberalización de 1868 fue fallida por los enormes costes de oportunidad que pagó la economía española al entregar el subsuelo a capitales meramente especulativos y escasamente productivos. Y el tiempo parece que les ha dado lo razón.
El decreto ley que pretendía modernizar la estructura productiva (claramente liberal) originó, en realidad, una verdadera colonización del sector, que cayó en manos de fortunas foráneas, la casa Rothschild entre ellas, ávidas de exportar los beneficios. Provocando, además, débiles influencias sobre la industria siderúrgica. Otros autores como Tortella oPrados lo niegan. Pero lo que está fuera de toda duda es que ese capitalismo nacional vinculado a las minas ha desaparecido.
Solo el estallido de la I Guerra Mundial revitalizó el sector minero español, especialmente el asturiano. Los precios se dispararon, aprovechando que importantes productores como Reino Unido o Alemania estaban en guerra. Como sostiene Ignacio Fernández Mateo, autor de un trabajo sobre el carbón nacional, el 'boom' fue tal que incluso se retomó la explotación de yacimientos improductivos, dado que los altos precios compensaban los costes.
En el caso de Asturias, se pasó de 129 minas en 1914 a 314 en 1918, mientras que el numero de mineros aumentó hasta los 39.000 efectivos en 1920. La producción de carbón vivió su punto álgido en 1958, inmediatamente antes del Plan de Estabilización. Pero a partir de los años sesenta, el sistema energético español dio un giro decantándose por las energías más limpias (electricidad y gas). Como sostienen los expertos, el carbón español presenta un problema de costosa solución, tiene baja calidad y alto contenido en azufre.
El primer choque petrolífero tras la guerra de Yom Kipur (1973-74) supuso un respiro. La participación del carbón en la producción eléctrica pasó del 18% en 1975 al 40% en 1987. En gran parte, esta reacción se debió a la entrada en funcionamiento de la Mina de As Pontes, cuyo proyecto se inicia, por Endesa, a principios de los años setenta, sin poder prever el choque petrolífero.
Pero eso es el pasado. Hoy, el carbón nacional es la tabla de salvación de miles de jubilados y prejubilados que sobreviven gracias a las ayudas del Estado. En un futuro no muy lejano, ni eso.

FUENTE: http://www.elconfidencial.com/economia/2016-06-02/mineria-ccoo-ugt-subvenciones-comision-europea_1210133/